Conocer lo que gasta el gobierno, cómo lo gasta y a quién beneficia, ha sido siempre un asunto de burocracias y por tanto, se ha prestado a la corrupción y a la impunidad.
El surgimiento de las redes sociales y la democratización de los medios masivos, ha permitido conocer ejemplos, casi siempre a través de filtraciones, donde se confirma lo que el imaginario colectivo cree fielmente: que el dinero de todos los mexicanos siempre se aplica mal y que enriquece a unos cuantos; sindicatos, empresarios, líderes partidistas, empresas de comunicación y por supuesto, funcionarios públicos.
Mucha culpa han tenido los partidos políticos en generar la desconfianza que ahora se revierte contra las instituciones, porque la gente en materia de corrupción gubernamental, no hace distingos. De hecho, los problemas que tiene el sistema de partidos por el crecimiento exponencial de los políticos “antisistémicos”, los llamados “independientes”, son en gran parte reflejo de una sospecha que se erige como sentencia: todos los gobernantes, independientemente de su origen partidista, sólo llegan a robar y a enriquecerse con el dinero público.
El surgimiento del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) fue una luz de esperanza para la sociedad mexicana deseosa de tener cuentas claras y transparencia; pero como ocurre siempre, hay en estos menesteres quienes malinterpretan a su conveniencia las disposiciones legales que surgieron de un justo reclamo popular, y salen no a propiciar transparencia sino a una cacería de brujas.
Es el caso lamentable del comisionado Joel Salas Suárez, quien al proponer que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) abra expedientes que originalmente había declarado como reservados en torno a una investigación en trámite en contra de la empresa OHL, repite acusaciones infundadas o no confirmadas por autoridad alguna, que los medios han emitido en los últimos meses, y sugiere, sin más argumento que el de la sospecha, que el consorcio español “puede ser” parte de la corrupción en el país y es mejor aplicarle la vacuna de la transparencia.
Uno a uno, de manera por demás detallada, el funcionario federal replicó los argumentos mediáticos que pesan sobre OHL, quien en su descargo, a través de Sergio Hidalgo, su director en México, ha dicho reiteradamente que se trata de “juicios sumarios” de la prensa y acusaciones sin sustento ante las autoridades “producto de una extorsión”.
Salas Suárez no hizo referencia a la afirmación de OHL de que hay una campaña de desprestigio montada en su contra por parte de la empresa mexicana Infraiber, propiedad de Pedro Topete Vargas, sin embargo, sí mencionó todo lo que se ha dicho en los medios contra de OHL: presuntas violaciones a las leyes del Mercado de Valores, y sobornos a magistrados, entre otras acusaciones que no han pasado de ser señalamientos en prensa, pero que ninguna autoridad, hasta el momento, ha validado.
Todavía más, el comisionado del INAI citó como argumento para que se abran expedientes de la CNBV, una carta del 6 de julio del año pasado en la que Infraiber, “empresa privada contratada por el Estado de México para medir el aforo vehicular de las autopistas de esa entidad, acusó a OHL México de no ser transparente y difundir información falsa sobre su inversión y la rentabilidad que obtiene en el proyecto de construcción y concesión del Circuito Exterior Mexiquense”.
¿Es sano que un comisionado y promotor de la transparencia crea a pie juntillas, y peor, promueva como verdad absoluta, lo que dice una de las partes en torno a litigios que todavía están en curso?
La cosa no para ahí. El comisionado Salas Suárez dice que Infraiber en su carta asegura que “instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público omitieron conductas ilícitas y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, emitió una garantía a favor de una inversión que se constituye en deuda pública” y él por su parte advierte para darle mayor dramatismo a lo expresado: “si las acusaciones son ciertas, (el dinero de Banobras) no tiene fuente de reembolso”.
El funcionario fue todavía más allá al pontificar que en la historia de nuestro país, en las obras de infraestructura pública han existido sobreprecios, sobornos, fraudes, enriquecimiento ilícito, entre otros, cometidos tanto por funcionarios públicos como agentes privados contratados y que “no es desconocido, que en numerosas ocasiones estos casos han quedado impunes. Tenemos la firme creencia que el acceso a la información pública debe ayudar a atajar estos hechos”.
Con la última frase se puede estar de acuerdo. Pero poner en la olla hirviente donde algunos funcionarios del INAI quiere poner a cocinar a todos los corruptos de México, a una empresa que no ha sido juzgada por autoridad competente, es por decir lo menos, irresponsable.
No se trata de defender a OHL; por el contrario, los mexicanos queremos que las empresas que ganan concursos de obra pública sean transparentes y cumplan sus compromisos con eficiencia, en los términos planteados y con la calidad, cobrando nada más que lo justo y evitando cualquier tipo de corrupción.
Pero lo que vemos en este caso, es que el comisionado Salas Suárez fijó una postura pública llena de retórica, fundada en sospechas que las autoridades competentes todavía no han dirimido; más como empleado de quienes están interesados en desacreditar ante la opinión pública a la compañía española, que como funcionario investido con la facultad de promover la transparencia. Y eso requiere de su parte una aclaración de sus motivos para violar el debido proceso a que todos tienen derecho. Que sea un acto de transparencia, o de vergüenza.
Artículo publicado originalmente en http://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/02/19/transparencia-o-caceria-de-brujasen-mexico se reproduce con la autorización del autor.
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