Redacción/Entérate México
Ciudad de México, 12 de febrero de 2016
La Procuraduría General de la República (PGR) reanudó esta semana las investigaciones contra la empresa Infraiber y su propietario Pedro Topete Vargas, principal señalado en la denuncia por extorsión y espionaje telefónico que interpuso la constructora OHL México.
Los intentos de su abogado y socio, Paulo Díez Gargarin (también bajo investigación), de denunciar el cateo a sus oficinas y a los oficiales de la PGR, por extralimitarse en sus atribuciones, solo mantuvieron suspendida la investigación unas semanas, aseguran fuentes allegadas a la investigación.
De acuerdo con el abogado penalista José María Alexander Malagón Hidalgo, el empresario tapatío Pedro Topete Vargas, y su representante legal, Paulo Diez Gargarin, enfrentarían penas de hasta 20 años de prisión por los delitos de espionaje telefónico, extorsión y daño moral en contra del consorcio español OHL.
En ese sentido, el litigante expuso que por el delito de extorsión, el Código Penal Federal en su artículo 390 establece penas de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días de multa.
El mes pasado, directivos de OHL dieron a conocer que demandaron a Infraiber por ser responsable de una campaña de desprestigio y chantaje, cuyo fin es la extorsión, situación que afectó la reputación de la empresa y el valor de sus acciones.
El director general de OHL México, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, indicó que esto quedó asentado en una denuncia penal por extorsión que el 10 de septiembre del año pasado OHL México interpuso ante la PGR.
Además, dijo, OHL México presentó una demanda civil por daño moral que obliga a Infraiber y a sus representantes, a demostrar en tribunales 36 imputaciones que ha incluido en su campaña de desprestigio y que son falsas.
Grabación ilegal de llamadas telefónicas
Asimismo, por la intervención y difusión de comunicaciones telefónicas ilícitas y editadas, se presentaron cuatro denuncias también radicadas ante la PGR contra Pedro Topete y Paulo Diez, destacó el directivo.
recuadro 12fbDe acuerdo a especialistas, por cuanto hace al delito de espionaje telefónico, el Artículo 177 del Código Penal Federal señala que quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa.
Independientemente de si Infraiber filtró esas grabaciones para denunciar supuestos actos de corrupción de OHL, lo cual también deberán determinar las autoridades correspondientes, el fondo del asunto es que se cometieron varios delitos tipificados en el Código Penal Federal, por los cuales los socios de la empresa, Pedro Topete y Paulo Diez, enfrentarían penas de entre ocho y 20 años de prisión.
Se cierra el círculo
El círculo sobre Topete Vargas se cierra, ya que existe al menos una notificación para que el empresario fuera a testificar. La comparecencia fue imposible: su abogado Paulo Díez confirmó que estaba fuera del país, y rehusó hacerse cargo de la notificación.
El abogado ha actuado como apoderado legal de Infraiber en el cateo y en las posteriores denuncias para retrasar la investigación policial del Ministerio Público.Las mismas fuentes cercanas a la investigación sitúan a Pedro Topete en Brasil desde el inicio de la investigación por la denuncia de OHL México, y reconocen que es un país difícil para la extradición de ciudadanos mexicanos.
Sin embargo, no testificar en las repetidas ocasiones que ha sido buscado, puede llevar a que se emita una orden de captura internacional. Las autoridades también están sorprendidas por la dificultad de encontrar fotos públicas, en Internet, de Pedro Topete, y trabajan con una antigua de un documento público, la que se reproduce con esta información.
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