Entérate México: Robo de combustibles a Pemex asciende a 40 mil mdp

lunes, 14 de diciembre de 2015

Robo de combustibles a Pemex asciende a 40 mil mdp

El monto de la afectación por la ‘ordeña’ de hidrocarburos, una cantidad equivalente a la que se requiere para reparar el 80% de las escuelas públicas

Redacción /Entérate México
Ciudad de México 14 de diciembre de 2015

La sustracción ilegal de gasolina y diésel asciende a 40 mil millones de pesos anuales, lo que podría utilizarse en reparar el 80 por ciento de las escuelas públicas en todo México, o bien, 500 millones de pesos más de lo que será la inversión para 2016 del Programa para Adultos Mayores.

De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Emilio Gamboa Patrón, la reforma para combatir y sancionar el robo de hidrocarburos, que será aprobada esta semana en la Cámara alta, cerrará la puerta a las multimillonarias ganancias ilícitas de grupos delictivos, las cuales sólo están detrás de las producidas por el narcotráfico y la venta de armas.

Agregó que este delito también representa un peligro para las familias que habitan cerca de tomas clandestinas, un grave riesgo para los vehículos que utilizan gasolinas robadas y un severo daño a las finanzas públicas.

Gamboa Patrón puntualizó que esta legislación, que fue aprobada el jueves en la Cámara de Diputados y que se encuentra como minuta en el Senado, establece sanciones de 15 a 25 años de prisión y multas de un millón 50 mil hasta un millón 750 mil pesos.

El líder del PRI en el Senado detalló que estas penas y sanciones económicas se les impondrán a quienes sustraigan hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, equipos, vehículos o instalaciones, sin consentimiento de permisionarios, distribuidores, contratistas o asignatarios, pena que “también será aplicable a quien financie la ordeña ilegal de hidrocarburos”.

El legislador recordó que esta reforma, junto con otras medidas, como la modificación de Pemex a su estrategia para el traslado de gasolinas y diésel, “se aprovecharán más recursos para invertirlos en salud, infraestructura, programas sociales y combatir así la desigualdad”.

Con información de El Financiero.

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Lo que se dice en redes sociales, ¿se debe quedar en redes sociales?

Pedro Esteban Roganto | @rogantopedre

El internet es como una gran caja de cristal por donde se puede ver lo mejor y lo peor de este mundo. Cualquier cosa que ocurra, en el rincón más apartado del planeta, se conoce de manera instantánea gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación.

Esa es una ventaja de estos tiempos: cada vez hay menos espacio para ocultar cosas, para proteger secretos; de modo que sólo basta un teléfono, o una computadora y la voluntad de una persona, para dar a conocer cualquier cosa que alguien quiera que no se sepa.

Lamentablemente, una de las cosas que ocurre igual en exceso gracias a internet, son la creación de escenarios o de situaciones que no son verdad, o que no corresponden a lo que realmente ocurre.

Hay muchos ejemplos de mentiras que se han divulgado en internet, y que la gente cree. Como aquella información de que el gobierno iba a desaparecer el IMSS, o aquella otra que se iba a prohibir amamantar a las madres en sitios públicos. O que las telenovelas de la esposa del presidente Peña Nieto iban a ser declaradas “patrimonio nacional”.

En materia política, gracias a internet se descubren muchas cosas ciertas pero también se recurre en exceso a la mentira, y hay casos en que a alguien se le hace fácil decir, por ejemplo, que fulano es un “candidato de los narcos” para que un medio retome la nota y la ponga a circular, dando más fuerza a una versión que muchas veces no se sostiene con evidencias.

Así, sin elementos de prueba, se han construido muchas percepciones negativas, que aunque luego se aclaren, en el fondo persisten mucho tiempo. Aunque sólo se hayan calculado para determinada época, sobre todo, electoral.

El problema se agrava porque frente a lo moderno de esta herramienta tecnológica, no hay leyes ni autoridades que parezcan dispuestas a imponer con la rapidez que se requiere, las advertencias que ameritan algunos casos y el freno que sin menoscabo de la libertad de expresión, ha quedado claro -con muchos ejemplos-, que se necesita.

Así las cosas, las autoridades tardan años en definir si una cosa que se dijo en redes o en medios de comunicación, es cierta o es falsa, y mientras tanto, lo dicho sigue circulando y construyendo una percepción colectiva que muchas veces no es consecuente con la realidad. Volviendo a los casos de políticos acusados de ligas con el narco, por ejemplo, se han dado aclaraciones de que no hay ninguna indagación sobre determinados personajes, pero eso ya no quita el golpe dado.

La pregunta hoy no es entonces, si debemos o no prohibir, cosa que me parece un despropósito, sino si debemos tener instituciones que vayan atendiendo lo que la gente va planteando en redes sociales, como comentarios o como denuncias.

El problema es que los principales interesados en que “lo que se diga en las redes sociales, se quede en las redes sociales”, son los propios representantes populares y funcionarios públicos, quienes no ven con malos ojos que se desprestigie un medio que tiene muchas bondades descubiertas, y otras todavía por descubrir, en materia de transparencia y del derecho a saber.

Así que ahora que vienen las elecciones, conoceremos seguro muchas filtraciones de información, de videos, de llamadas telefónicas, y nadie desde el gobierno va a estar interesado en que se aclare si lo expuesto a la opinión pública tiene sustento o es real. Dejarán correr las cosas hasta que pasen las elecciones, si acaso.

Por eso, lo que nos toca a nosotros como usuarios de medios y de redes sociales, es leer con una visión crítica lo que se dice en internet.

Porque es fácil acusar, por ejemplo, que Jesús Ortega Martínez era asiduo cliente de sexoservidoras esclavizadas por lenones; hay libertad de expresión para decir lo que una fuente le revela al periodista. Pero el periodista al menos, debe pedir un mínimo de prueba o de evidencia al declarante, y no dejarse guiar por dichos, sino por lo que más importa, los hechos.

No hacerlo habla de ausencia de ética, de rigor, y de muchas ganas de denigrar la comunicación de nuestro tiempo.

Este artículo se publicó en http://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/05/06/lo-que-se-dice-en-redes-sociales-se-debe-quedar-en-redes-sociales se reproduce con la autorización del autor.

La humillación, un castigo injusto

En México hay una tendencia entre autoridades de gobierno, sobre todo del Partido Acción Nacional (PAN), a usar la tecnología del internet en sus tareas de aplicación de la ley y en específico, para denunciar públicamente a “malos ciudadanos”.

A través de la aplicación “Periscope”, funcionarios de la delegación Miguel Hidalgo han exhibido y lanzado al escarnio de las redes sociales, a varias personas cuyo proceder además de ilegal es harto repudiable por la ciudadanía, por ejemplo, la ama de casa que tira la basura en la calle, o el chofer del influyente que usa las aceras para estacionar los carros de su patrón.

Lo que los funcionarios reclaman para sí con estas acciones, es el pretendido derecho a infringir, aparte de las sanciones que establecen las leyes, un castigo moral a quienes violan normatividades urbanas.

El caso ha sido tomado para su análisis por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, porque hay quienes creemos que una autoridad no puede hacer sino lo expresamente establecido en la ley, y “periscopear” ciudadanos no es una de sus funciones, aunque sí es aplicar reglamentos y normas.

Si un ciudadano se vuelve infractor de alguna ley, debe ser sancionado pero no exhibido ni lanzado al escarnio de las redes sociales, que como se ha dicho recientemente, es el Coliseo Digital de nuestros días.

Ante la humillación, y más en estos tiempos, no hay defensa posible ni equidad, ni debido proceso; por eso es mejor exigirle a Derechos Humanos que prohíba esta actuación de funcionarios y que en cambio, les recuerde que tienen la obligación de cumplir la ley, pero sin afanes protagónicos.

Ciudad de México, 3 de marzo de 2016

Derecho de réplica

Una de las obligaciones éticas de los medios, más allá de que esté reglamentado o no, es otorgar derecho de réplica a quien se considere afectado o simplemente no esté de acuerdo con lo que de sí se plantea en radio, prensa, televisión o página web.

Se ha escrito mucho sobre el equilibrio informativo que debe guardarse a la hora de informar, y se ha dicho hasta el cansancio que los medios deben escuchar a todas las partes en un conflicto, no tomar partido por nadie y difundir cada una de las versiones para que el auditorio saque sus propias conclusiones.

En el caso de litigios legales, es todavía mayor la exigencia ética. Nadie puede dar por sentado que alguien es inocente o que alguien es culpable, a partir de declaraciones de ellos mismos. Con actitudes de tribunal mediático que asume cierto sector de la prensa, se engaña a la gente, se crea una falsa percepción y se descalifican sentencias de los jueces verdaderos.

Pero vivimos en una época donde los valores sociales se hacen a un lado de manera muy fácil, donde el respeto a las leyes y a la ética se ha perdido, y lo que perdemos de vista es que cuando la prensa actúa con sesgo y con parcialidad, pierde una sociedad que merece estar bien informada de asuntos que son de interés general.

La entrevista que hizo Carmen Aristegui a un directivo de OHL permitió a la empresa española dar a conocer su versión ante una periodista que en sus medios y en CNN le ha dedicado decenas de horas y cientos de cuartillas a contar sólo la versión de su contraparte. No es en forma, una réplica, pero es un avance.

Aunque lo importante será ver si la información que puso sobre la mesa OHL va a hacer que cambien de actitud los medios que participan como voceros de Infraiber, empresa a la que se ha acusado de extorsión, o si la van a desestimar como siempre para cumplir sus consignas.

La prensa toma partido

Algunos medios de comunicación en México han tomado partido en el debate y litigio que mantienen desde hace varios meses dos empresas, la mexicana Infraiber y el consorcio español OHL.

El activismo de la empresa mexicana es innegable. Se la ha pasado en los últimos 9 meses lanzando una serie de acusaciones lo mismo ante el gobierno del estado de México que ante el gobierno federal, la Bolsa Mexicana de Valores e incluso en el extranjero.

En sus señalamientos, Infraiber usa mucha retórica y frases mediáticas, generalidades que creería con facilidad el auditorio, y que no están soportadas por pruebas, como la de asegurar que OHL le ha causado “un gran patrimonio al país” o comparar sus “abusos en el mundo” con los del padre Marcial Maciel.

Los señalamientos contra la empresa española que tiene inversiones en el país por más de 60 mil millones de pesos y que espera invertir este año 15 mil millones de pesos más, generando más de 30 mil fuentes de empleo, deberán ser resueltas por las autoridades.

Pero la prensa aliada de Infraiber ya la sentenció culpable. Y eso en nada contribuye al debate civilizado y maduro de una democracia.

Las señales son alarmantes pero ahí están, a la vista de todos.

Para un país como el nuestro, que apuesta su futuro a la reforma energética, un proyecto en el que nos tardamos 30 años para decidir qué hacer y que se finca en el petróleo en tiempos donde irrumpen con fuerza las energías alternas, el futuro no es halagador.

Por ahora es sólo la depreciación del dólar ante el peso, pero ese puede ser el mal menor.

Los mercados están reaccionando a la baja en el precio del petróleo pero lo realmente importante es lo que están haciendo los países productores. La noticia nos llega desde tierras lejanas; si los grandes productores están pensando en vender sus empresas, es por algo.

Ojalá que en México no tardemos otros 30 años en decidir qué hacer frente a algo que ya sabíamos que iba a ocurrir tarde o temprano. El fin de la era del petróleo toca a nuestras puertas y nadie en el gabinete de Enrique Peña Nieto parece estar consciente de ello.