Redacción /Entérate México
Ciudad de México, 31 de marzo de 2016
En 2013 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó más de 300 empresas en México que facturaron millonarias operaciones inexistentes, mediante un sofisticado esquema de evasión fiscal, conocido como “Operación carrusel”.
Uno de estos casos fue documentado por la Revista IMPACTO, en su edición 3447 del 20 de marzo de 2016, en donde expone el caso de Pedro Topete Vargas, quien usó un poder notarial falso para venderle a Grupo ICA el contrato de la autopista Ríos de los Remedios-Ecatepec en 2007, por un monto de 20 millones de dólares como pago inicial, y cuyo proceso de compra-venta concluyó en 2012.
“Una vez pagados los primeros anticipos se procedió a realizar, de manera conjunta, una serie de esquemas en sociedad para mover a diversas empresas parte de los 20 millones de dólares liquidados en la compra-venta, lo que lleva a pensar a accionistas e inversionistas en un posible esquema de defraudación y de despojo”, destaca el reportaje.
Según las evidencias con que cuenta IMPACTO, Pedro Topete y su socio Paulo Díez enviaron a diversas empresas en un proceso financiero donde una empresa paga a otra, y a otra, al menos 5 de los 20 millones de dólares recibidos por ICA como parte de los primeros pagos de la operación. Al final, una empresa de Topete devuelve, presuntamente a ICA, 5 millones de dólares y se queda sólo con el IVA de esa cantidad.
De acuerdo con información del SAT, al 31 de diciembre de 2013 se tenían identificadas a 316 empresas “facturadoras” de operaciones simuladas y a unos 12 mil contribuyentes que utilizan este tipo de esquema.
Según la dependencia federal, estos 12 mil contribuyentes utilizan este esquemas para disminuir la base gravable del Impuesto sobre la Renta (ISR) y para acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de esas facturas lo que, en su caso, puede ser motivo de una devolución.
Informó que el impacto fiscal de este esquema de evasión, utilizado por empresas formales en muchos casos creadas con prestanombres, es de 30 mil millones de pesos por concepto de ISR y alrededor de 16 mil millones de pesos por IVA, esto en el periodo acumulado de 2008 a 2012.
El SAT explicó que el esquema llamado “Operación carrusel”, consiste en que más de dos empresas constituidas formalmente se ponen de acuerdo para diseñar este esquema de evasión, a través de la simulación de operaciones inexistentes.
Por un lado, una empresa emisora de comprobantes fiscales, factura una supuesta enajenación de mercancías, bienes o servicios y, por otro, la empresa beneficiaria del esquema, supuestamente compra el servicio o recibe los bienes.
Si bien la factura cumple con todos los requisitos legales, detrás de ella hay una operación inexistente o simulada, pues la empresa que facturó no cuenta con activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Por ejemplo, una empresa compra seis millones de tabiques, pero cuando la autoridad va al domicilio fiscal de la empresa que facturó, lo que encuentra es una casa habitación en ruinas, sin bodegas o transporte para movilizar la supuesta mercancía que vendió.
Según las evidencias con que cuenta IMPACTO, Pedro Topete y su socio Paulo Díez enviaron a diversas empresas en un proceso financiero donde una empresa paga a otra, y a otra, al menos 5 de los 20 millones de dólares recibidos por ICA como parte de los primeros pagos de la operación. Al final, una empresa de Topete devuelve, presuntamente a ICA, 5 millones de dólares y se queda sólo con el IVA de esa cantidad.
De acuerdo con información del SAT, al 31 de diciembre de 2013 se tenían identificadas a 316 empresas “facturadoras” de operaciones simuladas y a unos 12 mil contribuyentes que utilizan este tipo de esquema.
Según la dependencia federal, estos 12 mil contribuyentes utilizan este esquemas para disminuir la base gravable del Impuesto sobre la Renta (ISR) y para acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de esas facturas lo que, en su caso, puede ser motivo de una devolución.
Informó que el impacto fiscal de este esquema de evasión, utilizado por empresas formales en muchos casos creadas con prestanombres, es de 30 mil millones de pesos por concepto de ISR y alrededor de 16 mil millones de pesos por IVA, esto en el periodo acumulado de 2008 a 2012.
El SAT explicó que el esquema llamado “Operación carrusel”, consiste en que más de dos empresas constituidas formalmente se ponen de acuerdo para diseñar este esquema de evasión, a través de la simulación de operaciones inexistentes.
Por un lado, una empresa emisora de comprobantes fiscales, factura una supuesta enajenación de mercancías, bienes o servicios y, por otro, la empresa beneficiaria del esquema, supuestamente compra el servicio o recibe los bienes.
Si bien la factura cumple con todos los requisitos legales, detrás de ella hay una operación inexistente o simulada, pues la empresa que facturó no cuenta con activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Por ejemplo, una empresa compra seis millones de tabiques, pero cuando la autoridad va al domicilio fiscal de la empresa que facturó, lo que encuentra es una casa habitación en ruinas, sin bodegas o transporte para movilizar la supuesta mercancía que vendió.
El SAT ha encontrado hasta 56 niveles detrás de una “facturadora” pues para dispersar la operación, se pone de acuerdo con otra empresa para simular una operación y ésta, a su vez, transmite el pago de la contraprestación a otra empresa, ésta hace lo mismo con otra y, así, hasta formar una enorme “telaraña” de complicidades.
Se le llama “Operación carrusel” porque va de una empresa otra, hasta que al final la última empresa regresa el recurso a la primera empresa o alguno de sus socios, que es exactamente lo que Pedro Topete hizo para sacarle dinero a Grupo ICA.
Por último, la información del SAT precisó que detrás de toda esta red siempre hay una comisión que se paga entre estas empresas que se ponen de acuerdo para llevar a cabo este esquema de defraudación, la cual oscila entre 6.0 y 10 por ciento.
Con información de El Financiero.
Por último, la información del SAT precisó que detrás de toda esta red siempre hay una comisión que se paga entre estas empresas que se ponen de acuerdo para llevar a cabo este esquema de defraudación, la cual oscila entre 6.0 y 10 por ciento.
Con información de El Financiero.
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