Redacción/Entérate México
Ciudad de México, 28 de marzo de 2016
Tras concluir un proceso de investigación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) determinó que la constructora OHL no incurrió en dolo o fraude en sus inversiones en México, que tuvieran un impacto en el sistema financiero mexicano o a terceros.
Sin embargo, por detectar registros contables inadecuados, el organismo regulador impuso una multa de 71.1 millones de pesos a OHL, lo que significa el cierre de una campaña de desprestigio iniciada por la empresa Infraiber, cuyo propietario, Pedro Topete Vargas y su socio, Paulo Diez, están demandados ante la PGR por extorsión y espionaje telefónico.
Esta decisión de la CNBV fue bien recibida por el mercado de valores, ya que las acciones de la constructora OHL México ganaban un 6.65 por ciento para ubicarse en un valor de 25.82 pesos por la mañana.
De acuerdo con información de la constructora española, las multas fueron por el registro de la rentabilidad garantizada de manera inadecuada en sus estados financieros; inconsistencias en niveles de tráfico en sus concesiones; además de que no se proporcionó toda la documentación correspondiente.
En un comunicado, la propia OHL informó de la sanción que decidió aceptar:
“La CNBV impuso sanciones administrativas a las Emisoras y a las personas físicas por un monto de: 24.6 millones de pesos para OHL México; 18.6 millones de pesos para OPI (Organización de Proyectos de Infraestructura); 18.3 millones de pesos para Conmex (Concesionaria Mexiquense)".
“No obstante de que existen elementos de defensa, OHL México ha decidido aceptar las sanciones. Por otra parte, la CNBV definió sanciones por un total de 10.2 millones de pesos para las personas físicas que actualmente son directivos de las Emisoras. Con estas resoluciones se da punto final al proceso de investigación realizado por la CNBV”, afirmó la constructora.
“Las conclusiones de los procedimientos administrativos acreditan que los diferendos entre la empresa y la CNBV se mantienen en el ámbito técnico, sin que se haya determinado la existencia de dolo o fraude en el actuar de las Emisoras y de las personas físicas, ni la existencia de un impacto en el sistema financiero mexicano o a terceros”, abundó.
Con esta resolución del organismo regulador mexicano concluye una campaña de desprestigio iniciada en mayo del 2015 por la empresa Infraiber, cuyo dueño Pedro Topete Vargas y su socio, Paulo Diez Gargarin, impulsaron con mentiras luego de que el Estado de México les cancelara un contrato millonario que obtuvieron tres meses después de crear la empresa. Los empresarios se encuentran demandados penalmente por extorsión.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario