martes, 12 de enero de 2016

Endurecen sanciones contra el robo de hidrocarburo

A quienes roben hidrocarburos o productos refinados de instalaciones o infraestructura petrolera, se les aplicará una pena de 15 a 25 años de prisión y multas de entre 15 mil y 25 mil días de salario mínimo 


Redacción /Entérate México
Ciudad de México, 12 de enero de 2016


La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó hoy la ley donde se endurecen las penas y multas a quienes roben hidrocarburos, alteren sistemas de medición, comercialicen productos ilícitos o participen en sobornos.

La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos que se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) aplica para todos los actores dentro de la cadena, tanto para productores de hidrocarburos como para los gasolineros y distribuidores.

Dentro de las sanciones más fuertes están penas de 15 a 25 años de prisión y multas de entre 15 mil y 25 mil días de salario mínimo para quienes roben hidrocarburos o productos refinados de instalaciones o infraestructura petrolera.

Además, a quien haga tomas clandestinas o robe hidrocarburos en plantas sin permiso o altere los sistemas de medición, se les aplicará una pena de 10 a 18 años y una multa de 10 mil a 18 mil veces el salario mínimo.

Aunque en menor tiempo de cárcel y de multa, también se sancionará a quien almacene y resguarde los productos, señala la ley.

A su vez, los funcionarios que hayan tenido conocimiento de los hechos serán sancionados con 1 a 4 años de prisión y multa de 4 mil a 7 mil salarios mínimos.

En cuanto a distribuidores de gasolina, gas natural y gas LP las penas irán de 3 a 6 años, con un pago de 3 mil a 6 mil días de salario mínimo a quien se pase del límite tolerable de 1.5 por ciento de merma en gasolinas y 3 por ciento en gas LP y gas natural.

Incluso, en la nueva ley se contempla que los actos de coerción también sean castigados.

Finalmente, la Secretaría agregó que aumentará hasta en una mitad la sanción por cualquier delito a quienes cometan dolosamente algunas de las conductas y que con ello provoquen un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.

Con información del Diario Reforma.

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