Ernesto Villanueva | @evillanuevamx
25 de enero de 2016
Las diferencias que han caído a disputas verbales con descalificaciones personales y la búsqueda desesperada por el manejo de recursos federales como se puso en evidencia el fin de semana pasado por el denominado “Mando Único” revelan que lo que está en juego no es la seguridad ni la observancia del Estado de Derecho sino, por el contrario, el manejo arbitrario de recursos federales y la práctica ausencia de rendición de cuentas, lo que crea un caldo de cultivo para la corrupción y la impunidad.
El “Mando Único” no tiene asidero en la Constitución Federal. Es entendible, un Estado federado como el diseñado por mandato constitucional en el país se basa en un orden tripartito de competencias jurídicas: Federación, Estados y Municipios. El Municipio en México es el primer organismo autónomo constitucional en el país de acuerdo al artículo 115 constitucional que tiene entre sus atribuciones la seguridad pública sujeta a la aparente confianza de sus mandos con exámenes de control de confianza, pero este aspecto tiene una gran elasticidad y en no pocas ocasiones lo que genera es la simulación.
Peor aún, los exámenes de control de confianza son practicados por personas con mínimas calificaciones académicas, bajos sueldos y, por ello, sujetas por el estómago a ser más susceptibles de caer en presiones ajenas al estricto cumplimiento del Estado de derecho. En Sinaloa, por ejemplo, de acuerdo a respuestas oficiales vía ley de transparencia ninguna de las personas que diseñan y aplican los “exámenes de control de confianza” cuentan con doctorado en psicología, psiquiatría o áreas afines, tampoco tienen obra publicada en sus campos de conocimientos ni pertenece uno solo al Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. En este rubro sostengo que a mayores prendas académicas y reconocimientos nacionales e internacionales menores posibilidades de incurrir en actos de corrupción, al menos como tendencia general.
Por otra parte, es verdad que México es un país asimétrico en las fortalezas y debilidades de sus municipios. Buena parte de ellos carecen de los recursos humanos y económicos para contar con un sistema policial mínimamente confiable. También lo es, sin embargo, que la pertenencia a una corporación estatal o federal garantiza efectividad en el cumplimiento de sus atribuciones. Menos todavía que gocen de un chip de anticorrupción. Baste recordar tan sólo que los encargados de evitar tanto la primera como la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera fueron egresados con “medalla de honor” de los “exámenes de control de confianza” a la mexicana. Así se advierte que hay un falso dilema: los malos, son los municipales y los buenos, quienes levitan con una túnica blanca para no tocar el piso y se contaminen son quienes integran las corporaciones estatales y federales. No hay estudios de investigación aplicada que avalen esa tesis y menos el desdoblamiento de la caracterología del mexicano según pertenezca a una corporación u otra.
Sobre este tema estoy convencido que debe actuarse considerando los siguientes aspectos: a) Debe mantenerse, generar o mejorar una adecuada coordinación entre federación, estados y municipios para que en el ámbito de sus competencias puedan realizar sus labores de prevención y de garantía razonable de seguridad pública; b) Las excepciones geográficas o por densidad poblacional de los municipios deben tratarse como tales. Es un atentado a la lógica adoptar medidas generales partiendo de excepciones; c) En modo alguno puede darse por buena la superioridad moral de los federales sobre los estatales y de éstos y aquéllos sobre los municipales. Ello sería, de entrada, una violación al principio del derecho humano a la igualdad y no hay evidencia empírica suficiente que pudiera sostener semejante tesis.; d) El “Mando Único” debe replantearse para que no se articule sobre la base de criterios “estímulo-respuesta” y menos en la concentración del poder en una sola persona por más buena y talentosa que pueda ser precisamente porque el acuerdo de los grupos criminales es más fácil hacerlo con uno que con muchos generando un efecto paradójico en el objetivo que se dice tener; e) Los exámenes de control de confianza deben diseñarse y aplicarse por las principales universidades del país, con investigadores del máximo nivel ubicados en zonas distintas a las que habitan los examinados para lograr mejorar resultados, disminuir costos y evitar presiones políticas o de cualquier otro tipo: y f) El uso de recursos públicos en seguridad pública no es por sí mismo materia de opacidad de ninguna manera, salvo excepciones atendibles, debe haber una clara rendición de cuentas y transparencia de su manejo para evitar esos “puntos ciegos” donde una gran cantidad de dinero de la sociedad se va a destinos inciertos.
ernestovillanueva@hushmail.com
www.ernestovillanueva.blogspot.mx
*Este artículo se publicó en sdpnoticias.com y es reproducido con autorización del autor.
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