Por Irasema Rodríguez*
25 de enero 2016
La prensa se convierte en tribunal
La batalla legal y mediática entre la constructora española OHL y la empresa mexicana Infraiber, está muy lejos de finalizar, al igual que los sesgos noticiosos de un sector de la prensa que ha relegado la información con la encomienda de crear la percepción de que éste es otro de los casos icónicos de corrupción en el país.
Durante siete meses, el foco de varios medios ha estado puesto en el corporativo español, empresa a la que sin ninguna resolución judicial de por medio, se visualiza ya a nivel de la opinión pública como emblema de la corrupción empresarial asociada al poder político. Para ello los medios erigidos en tribunal ya sentenciaron aunque lo hubieran hecho sobre la base de muy endebles parámetros éticos y profesionales. Y ese talante político lo han exhibido tomando a las audiencias como masa de maniobra por lo que, en efecto, lo menos importante es el contexto informativo y las noticias que involucran todas las aristas del tema.
Periodismo herido
La mala imagen que tiene el consorcio español se debe en parte a la errática y a veces tardía respuesta frente a la campaña en su contra, así como a la falta de transparencia que el corporativo y las autoridades federales y del Estado de México han tenido en esta crisis, frente a una eficaz estrategia de comunicación de su contraparte, Infraiber, propiedad del empresario Pedro Topete Vargas.
La campaña de desgaste contra OHL ha estado basada principalmente en desplegados de prensa, grabaciones ilegales de llamadas telefónicas –cuya difusión, debe subrayarse, también es ilegal– y el activismo de su representante legal, el abogado Paulo Díez, en torno a un grupo de medios que se han encargado de presentar a Infraiber como la “víctima” de las relaciones perversas entre la empresa global con funcionarios públicos mexicanos.
Este sector de medios ha sido incisivo para difundir, basado en filtraciones sobre todo, el pasado y presente de las relaciones de OHL con los más altos círculos de poder, e incluso ha sacado conclusiones tajantes, aunque no siempre sólidas para alinearse a la versión de sus declarantes. Fuente informativa formal, filtraciones “anónimas” y medios, han logrado en pocos meses lo que parece un verdadero despropósito: hacer creer que se está ante “el caso de corrupción más grave de toda la historia de México”, por encima del Fobaproa, del rescate carretero o del famoso Pemexgate. Este sobredimensionamiento es parte de una estrategia para golpear al adversario, vale decir, lo de menos es la deseable función social de los medios para registrar hechos y delimitar sus probables alcances, en el entendido de que no hay fenómeno social que pueda ser analizado en blanco y negro o, por decirlo de otro modo, entre villanos y héroes (en donde los héroes de la epopeya, claro está, son Infraiber y sus defensores).
Jueces parciales
Erigido en tribunal, ese sector de la prensa ha sido, además, un mal juez; ante todo por el registro parcial de noticias y pareceres contra OHL en beneficio de su informante, Infraiber, al que no tocan ni con el pétalo de una nota. El parámetro ético de considerar el enfoque de todos los actores principales de este caso salta hecho pedazos. Los jueces mediáticos no han profundizado en la investigación en torno al otro protagonista de esta disputa legal y mediática, aunque sea esto algo obligado como parte del ejercicio de equilibrio y ética en la comunicación.
Uno de los argumentos preferidos de los medios que han logrado hacer de este asunto un “caso juzgado”, es la supuesta impunidad de la empresa cuestionada respecto a varios temas, todos relacionados con la corrupción, entre ellos la obtención de concesiones carreteras; el aumento de tarifas de peaje en el Circuito Mexiquense y la información presuntamente falsa de resultados contables entregada por el consorcio a la Bolsa Mexicana de Valores. (Por cierto, eso es lo que siempre ocurre con la prensa erigida en juez: abundan los términos condicionales como el “habría” u otros como el “presuntamente”, porque su bajo nivel informativo les impide el registro contundente de hechos y datos).
Sin embargo, la realidad es que a partir del escándalo promovido en la prensa, la Secretaría de la Función Pública inició una auditoría para indagar posibles irregularidades en la asignación de contratos de la SCT a OHL; decisión que también tomaron las autoridades del Estado de México para revisar la concesión del Circuito Bicentenario en poder del grupo español. Si algo ha faltado, es justamente que el gobierno de la Ciudad de México ordene auditar el contrato entregado en 2010 por Marcelo Ebrard para que Obrascón Huarte Lain S.A. maneje la concesión de la autopista urbana Norte o vía periférica elevada, que en los mismos términos que el Circuito Bicentenario, se le entregó previo concurso público y con un contrato que tiene una vigencia de 30 años.
Este texto se publicó originalmente en la Revista Etcétera. Se reproduce con autorización de los editores. La versión original se encuentra en este link:
http://www.etcetera.com.mx/articulo/OHL+y+la+miseria+informativa/42133
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