Redacción/Entérate México
Ciudad de México, 11 de abril de 2016
Paulo Díez Gargari, no es sólo el abogado, sino uno de los socios y el hombre de toda la confianza de Pedro Topete Vargas, el empresario al que se persigue en México y en Estados Unidos por lavado de dinero, y al que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga por espionaje y extorsión.
De acuerdo con IMPACTO, La Revista, fue en el año 2005 cuando Díez Gargari hizo contacto por primera vez con Topete Vargas para ofrecerle sus servicios de asesoría jurídica, presentándose como experto en temas jurídicos mercantiles, y como ex funcionario del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
En un periodo de apenas tres años, el abogado pasó de ser consultor a corresponsable en la intervención directa y toma de decisiones de las empresas de Pedro Topete, ahora conocidas como Grupo Infraiber.
En su edición 3450 del 10 de abril de 2016, la editorial destaca que las empresas de Topete Vargas son investigadas por las autoridades ya que sirven como fachadas para mover sumas millonarias de recursos en instituciones bancarias de México y Estados Unidos.
Las empresas del Grupo Infraiber están involucradas en otros ilícitos no menos graves, como espionaje, extorsión y defraudación a empresas y a socios, así como evasión fiscal.
De abogado a socio millonario
Información de IMPACTO detalla que Paulo Díez es dueño del despacho DGT Díez Gargari SC (antes Díez, Groenewold y Toledo SC), siendo además accionista de las empresas del Grupo Infraiber, pero se da a conocer como un simple “asesor jurídico” para “defender a su cliente” cuando, en realidad, defiende sus propios intereses como socio.
Con pruebas en su poder, La Revista confirma el rol que ha jugado Paulo Díez, como socio de Pedro Topete, en la operación no sólo de la gestión de contratos y negocios al amparo del poder público, sino del blindaje jurídico, así como en la cobertura y defensa mediática y política de las empresas del grupo.
Paulo Jenaro Díez Gargari es accionista de las empresas Consorcio de Desarrollo Intercontinental S. A. de C. V., y Corporación Desarrolladora de Operaciones de Infraestructura S. A. de C. V., las cuales son propietarias, a su vez, de Viabilis Infraestructura S. A., la compañía que vendió, con un poder notarial falso, al Grupo Ingenieros Civiles Asociados la autopista Río de los Remedios-Ecatepec, destaca la editorial en su reportaje.
En su doble función, de representante legal y parte interesada, realizó gestiones ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con funcionarios que a cambio de diversos apoyos le dieron facilidades, a él y a su socio, para operar, durante un tiempo, el Tren Chiapas-Mayab, mejor conocido como “La Bestia”.
En otra operación, Paulo Díez se presentó ante funcionarios del gobierno del Estado de México para hacer gestiones concernientes a la autopista Río de los Remedios-Ecatepec y para el contrato de auditoría que obtuvieron a través de la empresa Infraiber, el cual estaba valuado en 4 mil millones de pesos y que “milagrosamente” obtuvieron tres meses después de haberse creado con un capital contable de solo 50 mil pesos.
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