Redacción /Entérate México
Ciudad de México, 26 de noviembre de 2015
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| Arely Gómez González, titular de la PGR. |
Durante el tiempo en que fungieron como
testigos protegidos, la dependencia federal les proporcionó a cada uno de ellos
casa, autos, comida, seguridad, además de un pago de entre 20 mil y 50 mil
pesos mensuales como remuneración económica.
El motivo de la baja, según información de
la Procuraduría que encabeza Arely Gómez, fue porque la mayor parte de las
acusaciones que se sostuvieron con los testimonios de estas personas finalmente
los perdió el Ministerio Público federal ante la falta de pruebas que apoyaran
lo que decían.
La PGR destacó que los 55 testigos dados de
baja representan el 83.3 por ciento del Programa de Protección a Personas; y
que la limpieza inició desde el 2012, cuando se despidió a los primeros 13, para
2014 se quedó con 40, y a principios de este año únicamente con 14.
Además, el organismo federal informó que en
este mes el Comité de Evaluación de los Lineamientos para la Protección de
Testigos Colaboradores de la PGR dio de baja a otros tres.
La procuradora opinó que en
administraciones pasadas era una práctica recurrente que las investigaciones en
contra de presuntos delincuentes, miembros del crimen organizado, se
sustentaran en el uso de los testigos, sin buscar algún otro soporte.
Por este motivo, explicó, “en el marco del
eje rector de actuación relativo a la procuración de justicia eficaz y
eficiente, ninguna averiguación previa, en su ejercicio de la acción penal,
deberá sustentarse sólo con el dicho de un testigo colaborador; por el contrario,
de ser el caso, tendrán que auxiliarse con otros medios de prueba”.
Entre los casos que la PGR perdió tras
basar sus acusaciones en los testimonios de testigos protegidos, se encuentra
la acusación contra cinco miembros del Ejército Mexicano, entre ellos tres
generales, los cuales supuestamente protegieron a narcotraficantes durante el
sexenio de Felipe Calderón.
El testigo protegido conocido como Jennifer
los acusó a todos de formar parte del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, el
grupo delictivo al que él perteneció. Sus declaraciones los llevaron a prisión.
Al final todos quedaron en libertad, pues la acusación no pudo sustentarse.
Lo mismo sucedió con el llamado
Michoacanazo. El testigo con nombre clave Emilio, quien fue miembro de La
Familia Michoacana, sirvió para que en 2009 el Ministerio Público de la
entonces Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)
acusara de narcotráfico y delincuencia organizada a 35 funcionarios de esa
entidad.
Alcaldes, comandantes de la policía ministerial,
oficiales municipales, y dos ex subprocuradores fueron acusados de formar parte
de la organización criminal, por lo que la PGR los encarceló. Al igual que en
el caso de los generales, todos quedaron en libertad con el paso del tiempo,
pues no hubo más pruebas en su contra que los dichos de los testigos.
Con información La Razón
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